España: ¿un nuevo ciclo político?

Nueva Sociedad (marzo-abril, núm. 286)

Una década de cambios profundos

La gran crisis económica de 2008 tuvo un profundo impacto en el sistema político español, el origen del cual se remonta a la muerte de Francisco Franco y a la transición de 1975-1978, y cuya «estabilidad» y «prestigio» parecían consolidados. Sin embargo, la crisis sacó a la luz –de forma progresiva– las tensiones y los pasivos sociales, económicos e institucionales larvados a lo largo de 40 años. Precisamente por ello es posible afirmar que hoy, en 2020, el sistema político español, si bien no ha experimentado un cambio de régimen, sí ha sufrido una fuerte transformación1.

En poco más de una década, se ha devaluado el prestigio de las instituciones y los actores políticos; ha cambiado la tipología del sistema de partidos, que ha pasado de un bipartidismo imperfecto a un multipartidismo polarizado; ha desaparecido la «conllevancia» sobre organización territorial del Estado y ha sido impugnada por parte de múltiples agentes, sobre todo (aunque no solo) por el gobierno de Cataluña; y, finalmente, se ha transformado –para peor– la manera en que los jóvenes definen y proyectan sus expectativas socioeconómicas a medio plazo.

Es necesario también señalar que la crisis inicia en los prolegómenos del gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, quien impulsa (siguiendo los dictados de Bruselas y Berlín) las primeras medidas de ajuste, y con ello condena a sucesivas derrotas electorales al Partido Socialista Obrero Español (psoe). El gobierno que gestiona el grueso de la crisis económica es el liderado por Mariano Rajoy, del Partido Popular (pp), que consigue una abrumadora victoria electoral el 21 de diciembre de 2011 y revalida una mayoría relativa en 2016, después de una repetición electoral. El segundo gobierno de Rajoy, que termina abruptamente el 2 de junio de 2018 a raíz de la primera moción de censura exitosa de la democracia española, da inicio a un gobierno provisional liderado por el nuevo secretario general del psoe, Pedro Sánchez, quien después de convocar dos veces más a los ciudadanos españoles a las urnas en 2019 termina liderando, por primera vez en la historia del régimen, un gobierno progresista de coalición (entre el psoe y Podemos).

Pero esta década, más allá de las convocatorias electorales y los cambios de gobierno, ha sido de una gran complejidad política. En poco más de dos lustros España ha sufrido una «triple crisis», a saber, una crisis económica, otra territorial y otra de carácter sociopolítico2. A raíz de ello, en este periodo se han sucedido movilizaciones sociales de gran calado, conflictos internos en los partidos tradicionales, aparición de nuevas formaciones, un profundo proceso de judicialización política (o del conflicto político) y, finalmente, un descenso social en bloque que ha supuesto el empobrecimiento de un sector de las clases populares a través del incremento del desempleo y la precarización laboral, con una especial afectación a las generaciones más jóvenes3.

Respecto a las movilizaciones, destacan dos grandes episodios. Uno es el de los «indignados» del 15-m y las «mareas» posteriores, cuando una gran cantidad de ciudadanos impugnaron el sistema político y a sus representantes acusándolos de corruptos e insensibles ante las políticas de ajuste implementadas desde 20084; y el otro es el del llamado «proceso soberanista» catalán que, si bien permaneció a lo largo de casi diez años, tuvo su punto más caliente en la realización de un referéndum el 1o de octubre de 2017 (celebrado sin la aprobación del gobierno central y bajo el acoso de la policía) y los acontecimientos posteriores de movilización callejera, la declaración (no efectiva) de independencia y la detención (y juicio) y huida al extranjero de los líderes del gobierno catalán5. Este último conflicto supuso la puesta en marcha de una suerte de activismo judicial que produjo la imputación por rebelión a los principales líderes institucionales y sociales del independentismo; una parte de ellos quedó en prisión y otra, en el exilio6.

En cuanto a la crisis de los partidos tradicionales, cabe señalar los escándalos de corrupción y financiación ilegal a los que se vio sometido el pp a lo largo de la década y que tuvieron como colofón la sentencia del «caso Gürtel» (en mayo de 2018), en la que se hace responsable al partido de haber tejido una densa red de corrupción y contabilidad paralela para beneficiarse y favorecer a algunos de sus miembros; este fue el detonante de la moción de censura victoriosa de Pedro Sánchez. El psoe, por otro lado, vivió un agrio episodio de luchas intestinas vinculadas a la elección de su secretario general en 2017, cuando los candidatos ungidos por el aparato no ganaron los procesos de primarias y Sánchez se impuso en dos ocasiones. También en este periodo, muta (y casi desaparece por temas de corrupción) un partido nacionalista catalán de centroderecha, Convergència Democràtica de Catalunya (cdc), que gobernó en Cataluña desde 1980 y fue un pilar de la gobernabilidad española7.

En esta coyuntura de descrédito y conflicto partidario, no es casual que aparecieran nuevas formaciones, tanto de derechas como de izquierdas, e incluso una que reclamaba el centro. En la izquierda –y como resultado de la irrupción de la movilización del 15-m, aparece el partido Podemos, liderado por un grupo de jóvenes de tradición «movimentista» bajo la dirección de Pablo Iglesias, que pretende aglutinar el desencanto de los ciudadanos frente al statu quo y las políticas de ajuste8. Ciudadanos (CS), que era un partido de ámbito catalán nacido en 2005 con un programa anticatalanista y una ubicación social-liberal, da un salto al resto de España, y frente al desafío independentista catalán y la debilidad (y acusaciones de corrupción) de los dos partidos tradicionales, reclama –con el apoyo de grandes corporaciones mediáticas y económicas– el espacio de centro liberal y regeneracionista9. Finalmente, el último de los partidos que emerge es Vox, que toma postulados de la derecha radical europea junto con elementos reaccionarios y tradicionales propios de la derecha autoritaria española, anteriormente aglutinada en el pp. Esta formación, que nació en 2003 y fue anecdótica, reaparece con fuerza en las elecciones autonómicas andaluzas del 2 de diciembre de 2018, después de los «hechos de octubre» en Cataluña, y pasa de no tener representación a obtener 12 escaños y a ser la fuerza clave para la creación de un gobierno (con el pp y cs) por primera vez en la historia de la región.

En este contexto, en junio de 2018 el gobierno del pp termina de forma abrupta el segundo periodo consecutivo de Rajoy. El fallo de la sentencia del caso Gürtel (iniciado en 2009) une a la oposición de izquierdas y a los nacionalismos periféricos que, en pocos días, presentan y ganan una moción de censura. Así se da inicio a un bienio en el que parece abrirse un nuevo ciclo en la arena política española.

Una moción de censura exitosa (2018) y una convocatoria electoral (2019)

Contra todo pronóstico, Sánchez llega a ser presidente a través de una moción de censura, la primera que resulta exitosa en la historia española. Hasta entonces, este instrumento constitucional había servido para el posicionamiento de figuras políticas como denunciantes (Felipe González en 1980 y Pablo Iglesias en 2017), aunque también había provocado el fin político de otros, como el de Antonio Hernández Mancha en 1987.

El cierre de la etapa Rajoy fue visto con buenos ojos por parte de las fuerzas progresistas, pero también por aquellas que representan la España plurinacional. Para estos últimos, el cambio de escenario podía significar la posibilidad de transitar hacia una resolución política del contencioso territorial. Por ello, las dos figuras claves del éxito de esa moción fueron Iglesias, de Podemos, y Marta Pascal, coordinadora general del Partit Demòcrata Europeu Català (pdecat), partido heredero de la antigua cdc.

Después de la moción, la legislatura inició la confección de un gobierno presidido por Sánchez y de carácter paritario, que mezclaba ministros socialistas fieles al presidente y personalidades independientes de reconocido prestigio y/o alta popularidad. La elección del Ejecutivo fue una tarea de orfebrería. Cada pieza estaba pensada para ampliar la base electoral en futuras elecciones, con guiños hacia el electorado de izquierdas y hacia sectores liberales (en especial, a la formación de cs). En este sentido, Sánchez diseñó un gobierno provisional pensando en unos nuevos comicios en los que se percibía ganador.

La consigna respecto a la crisis catalana fue la de distensión y diálogo, pues los efectos del referéndum del 1o de octubre de 2017 eran muy recientes y todavía reinaba la tensión en Cataluña y en el resto de España. En este sentido, es posible afirmar que a partir de 2017 se coló en la vida política española el debate sobre el «sentimiento nacional», ya fuera desde el españolismo centralista o desde el catalanismo independentista, y que la condicionó10.

Varios líderes independentistas se encontraban ya en la cárcel o en el exilio debido al activismo judicial que se puso en marcha imputando a políticos y activistas por el delito de rebelión (un delito de naturaleza política que prevé penas de entre 15 y 25 años de cárcel).

En este contexto, el Ejecutivo de Sánchez llevó a cabo dos tipos de actuaciones: una de tipo declarativo, dando a entender que se tenía que trabajar para desjudicializar el contencioso; y otra de tipo operativo, propiciando espacios de diálogo entre el gobierno español y el catalán.

Sin embargo, la aprobación de los presupuestos generales del Estado fue la pieza que complicó la legislatura. Si bien el psoe y Podemos consiguieron pactar una serie de medidas de contenido progresista que incluían y/o acompañaban las cuentas públicas (subida del salario mínimo a 900 euros, impuesto de patrimonio, aumento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas –irpf–, regulación de los precios de alquiler, derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral, etc.), no fue posible llegar a un acuerdo con los independentistas catalanes. A pesar de que se acercaron posiciones llegando a escenificar el inicio del diálogo entre gobiernos, no hubo coincidencia en el formato ni en la hoja de ruta de las conversaciones, en particular por la presencia (o no) de la figura de un «relator». Demasiadas presiones dentro del campo independentista (la competencia por la hegemonía del espacio entre Esquerra Republicana de Catalunya –erc– y Junts per Catalunya –JXCAT– es un factor a tener en cuenta), pero también presiones al psoe por pactar con la «anti-España» (palabra popularizada en sectores políticos y mediáticos de la derecha española).

En este complejo escenario, las tres formaciones de derechas españolas (pp, cs y Vox) convocaron para el día 10 de febrero de 2018 una concentración en la plaza Colón de Madrid para denunciar las negociaciones existentes entre el gobierno español y los líderes independentistas catalanes. Era la primera vez que las tres formaciones aparecían juntas en una manifestación pública, dando un espacio privilegiado (y de reconocimiento) a la formación de derecha radical Vox, que nunca tuvo protagonismo alguno hasta su irrupción en las elecciones autonómicas de Andalucía de 2018. Fue en este momento cuando las tres formaciones –al unirse en una campaña anti-Sánchez– proyectaron una coalición de derechas en la que se incluía y normalizaba (por primera vez en la historia) un partido de extrema derecha, a la par que se desdibujaba el perfil liberal (e incluso social-liberal) de CS.

La imagen de los tres líderes del pp, cs y Vox (Pablo Casado, Albert Ribera y Abascal) en la plaza madrileña de Colón certificó el inicio de la campaña electoral para los comicios que se convocaron para el día 28 de abril de 2019. Unos comicios sobre los que reinaba una notable dosis de incertidumbre, sobre todo por la irrupción de la derecha radical de Vox, que estaba subiendo en las encuestas de forma rápida y preocupante.

En ese momento, según las encuestas, aparecían tres escenarios posibles: volver a la correlación de fuerzas de la moción de censura, es decir, un acuerdo de izquierdas y plurinacional; establecer un pacto social-liberal entre psoe y cs; o crear un gobierno con las tres formaciones de derecha. En cualquier caso, la campaña se desarrolló en tres lógicas de disputa electoral: una por la izquierda, otra por la derecha y una tercera por el voto independentista catalán. La disputa por la izquierda la protagonizaron el psoe y Podemos, que priorizaron la defensa de una nueva legislatura de progreso y sacaron pecho por las medidas sociales aprobadas y las que podrían aprobar. La situación entre las dos fuerzas era diferente y más cordial que en 2016: los socialistas asumieron que Podemos había llegado para quedarse, y en Podemos eran conscientes de que ya no podrían conseguir el sorpasso que anhelaban en 2015. La disputa por el voto de la derecha supuso una importante tensión entre las formaciones del pp, cs y Vox, cada una de las cuales buscaba ser la «derecha auténtica» después de que el pp hubiera perdido el monopolio de esa representación. En esta lógica, Vox se alimentó tanto de la disputa familiar de la derecha como también del protagonismo que le dieron medios y contrincantes políticos. Y, finalmente, también cabe destacar la disputa dentro del independentismo catalán, donde erc había abandonado de facto la vía unilateral y jxcat seguía abanderando la opción de la ruptura unilateral.

Al final, los resultados ofrecieron solo dos posibilidades para el psoe, ya que las tres formaciones de la derecha no sumaron los escaños suficientes como para formar gobierno. Por un lado, el socialismo podía optar por la «mayoría de la moción de censura» del 2 de junio de 2018 (y de hecho, era la mayoría más holgada); y por el otro, también podía pactar con la formación de cs dando un giro hacia un Ejecutivo social-liberal. De igual modo, también podía existir un gobierno en solitario del psoe pactando legislación a izquierda (con Podemos) y a derecha (con cs). Con todo, no cuajó ninguna de las posibilidades debido a que Podemos exigió formar un gobierno de coalición que –en un inicio– incomodaba al psoe (para asegurar una legislatura progresista y plurinacional), y a que cs se mantuvo fiel a su promesa electoral de no gobernar con Sánchez (y de seguir apostando a disputar el espacio al pp). Ante ese bloqueo, se volvieron a convocar elecciones para el 10 de noviembre de 2019.

Nuevas elecciones y creación de un gobierno de coalición

La campaña para las elecciones del 10 de noviembre de 2019 tuvo un tono mucho más agrio en el ala izquierda que en la derecha. La disputa entre el psoe y Podemos se centró en quién cargaría con las culpas de la repetición electoral. Pero más allá de los reproches, la estrategia de Sánchez era conseguir el supuesto voto de centro que habría quedado huérfano por la apuesta de cs de competir con las derechas. Mientras tanto, el discurso de Iglesias se centró en defender la fórmula de un gobierno de coalición progresista y en la necesidad de encauzar por la vía del diálogo el conflicto catalán. Por otro lado, en la derecha, el pp volvía a recuperar una cierta posición de partido moderado y con vocación de gobierno, mientras que Vox luchaba por quedarse con el voto más ideologizado utilizando un discurso populista anticatalán, antiinmigración, católico y, a veces, plebeyo. En este contexto, la formación de cs se quedó sin espacio y en la indefinición.

Los resultados de las elecciones del 10 de noviembre no fueron muy diferentes de los del 28 de abril, pero sí hubo algunos cambios, entre los que se destaca el incremento de votos y escaños de Vox, que pasó a ser la tercera fuerza. Sin embargo, aun así, la derecha no sumó debido al descalabro electoral de cs. Lo que sí mostraron los resultados fue que el psoe de Sánchez vio reducidas sus opciones de llegar a la Presidencia: solamente podía mantenerse en la Moncloa si volvía a la correlación de fuerzas de la moción de censura. Las otras vías se habían esfumado: psoe y cs ya no sumaban, un gobierno en solitario con geometría variable no era posible debido a que Podemos resistió bastante bien, y una gran coalición al estilo alemán con el pp solamente podía realizarse haciendo rodar la cabeza (política) de Sánchez. Además, podía darse por descartada otra repetición electoral. Aparte del daño institucional que supondría una tercera cita con las urnas, el fantasma del incremento electoral de Vox era alarmante tanto para la derecha tradicional como (quizá) para la izquierda. Ese escenario precipitó los acontecimientos. A los dos días de la celebración de las elecciones, Sánchez e Iglesias sellaban un pacto de gobierno, llamado «el pacto del abrazo». Con un programa elaborado a partir del acuerdo de los presupuestos, se constituiría un gobierno de coalición, el primero desde la ii República. Pero no solo eso es destacable: también lo es que se trate del único gobierno de coalición de Europa conformado por una fuerza que proviene de la tradición socialdemócrata y otra que pertenece a la familia de la izquierda alternativa.

La repetición electoral arrojó también nuevos datos. Los partidos indepen-dentistas y los nacionalistas periféricos presentes en el hemiciclo mantuvieron sus resultados (erc, 13; jxcat, 8; Partido Nacionalista Vasco, 6; eh Bildu, 5; Coalición Canaria-Nueva Canarias, 2), a la vez que aparecieron otras formaciones con representación (Candidatura de Unidad Popular, 2; Bloque Nacionalista Galego, 1). Junto a ello, proliferaron nuevas apuestas regionalistas y localistas (Navarra Suma, 2; Partido Regionalista de Cantabria, 1 y Teruel Existe, 1). Esto dio lugar a que el Congreso de Diputados sea el que tiene más formaciones (el más fragmentado) de la historia. Cabe señalar que la investidura de Sánchez dependió, en gran medida, de la mayor parte de estos pequeños grupos que se posicionaron frente a la derecha.

La negociación de la investidura con los independentistas se demoró debido a las susceptibilidades entre formaciones independentistas, pero erc estaba decidida a permitir la confección de un gobierno de coalición progresista, a la par que desplazaba implícitamente la vía unilateral. Con todo, para erc era necesario que desde el nuevo gobierno hubiera un reconocimiento de la existencia de un conflicto político y la disposición para iniciar una mesa de diálogo entre los gobiernos central y catalán, así como para explorar vías hacia una salida digna de los políticos catalanes presos y exiliados.

Finalmente, los días 4 y 5 de enero de 2020, Sánchez fue investido presidente, en una sesión tensa y bronca en la que Vox arrastró hacia la derecha a las formaciones de la oposición. Una muestra del tono de la sesión fue la calificación del nuevo Ejecutivo como «gobierno ilegítimo» por parte de Casado, líder del pp. Una vez presidente, Sánchez diseñó con Iglesias un gobierno extenso: un presidente, cuatro vicepresidencias y 18 ministros y ministras más. De todos ellos, cinco están bajo el control de Podemos y afines, y el resto bajo la dirección del psoe. Frente a este gobierno, se prevé una oposición dura y despiadada (tanto de los partidos de derechas como de las organizaciones gremiales y los grupos mediáticos conservadores). Para la nueva gestión no ha habido los 100 días de gracia.

Grandes retos y poco margen de maniobra

Muchos son los retos que se presentan a este gobierno en su andadura. El nuevo ciclo político que se abre tiene un largo camino por hacer si quiere llevar a cabo su programa, y el trayecto se parece a un campo minado. De todos los retos, el primero es el de la cohesión y el desempeño del gobierno. La cohesión no es un tema menor, pues para un gobierno amplio y con diversas obediencias y sensibilidades es difícil coordinarse y elaborar mensajes inequívocos. Temas como la migración, los derechos laborales, el medio ambiente, la fiscalidad o la cuestión catalana pueden llevar a más de un conflicto interno. Más complejo aún será el desempeño en la acción de gobierno, con un programa de expansión del gasto en un contexto global de recesión y un entorno regional (en la Unión Europea y en el Mediterráneo) de grandes turbulencias.

El segundo reto es el de encauzar el conflicto territorial. Lo más urgente es la necesidad de establecer un diálogo político entre el gobierno catalán y el estatal, para posteriormente poner las bases para la negociación y el pacto que dé solución al contencioso de fondo. El mutismo y la criminalización por parte del gobierno central como únicas respuestas a una demanda que ha alcanzado a la mitad de la población catalana son un pésimo lastre. La existencia de siete políticos y dos activistas juzgados y presos (con penas de entre nueve y 13 años de cárcel) y cinco en el exterior, pero también de otros procesos en juicio o a la espera de iniciarse, garantizan la permanencia de reivindicaciones y tensiones políticas en la sociedad catalana. A la vez, el excepcionalismo penal adoptado para gestionar la crisis está provocando tensiones con la judicatura del entorno europeo: los tribunales de Alemania, Bélgica o Reino Unido se niegan a autorizar la extradición, el Tribunal de Derechos Humanos de la ue puso en duda la decisión tomada por el Supremo español alrededor de presos y exiliados que concurrieron a las elecciones europeas, etc.

Pero el conflicto territorial no se agota en Cataluña. Para dentro de poco (abril de 2020) se han convocado nuevas elecciones autonómicas en el País Vasco, en las que se prevé una rotunda victoria de los nacionalistas, y también en Galicia, donde se espera una fácil victoria del pp. A todo ello cabe sumar que, desde hace unos años, se ha ido despertando una sensación de agravio por parte de muchas personas que viven en regiones rurales del interior del país en las que se ha experimentado un sostenido proceso de despoblación y desinversión. Estas zonas se han autocalificado como «la España vaciada» y desde hace dos años han empezado a movilizarse y, en algunos casos, a presentar candidaturas electorales –como la de Teruel Existe–.

Finalmente, el último gran reto es cómo tratar el ascenso de la corriente política de la derecha populista y radical que ha encauzado y azuzado Vox. Después de 40 años de irrelevancia social e institucional de la extrema derecha, esta formación consiguió 52 escaños y 15,1% de los sufragios en las últimas elecciones de noviembre de 2019. Postulados racistas y antiinmigración, un imaginario nacionalista español nostálgico (propio del franquismo) y un posicionamiento moral vinculado al catolicismo integrista, junto con medidas antifiscalidad, son la amalgama discursiva de Vox11. Que este artefacto político se haya convertido en la tercera fuerza y que haya tenido capacidad de apuntalar la agenda política de la derecha no son un buen augurio. Al día de hoy se sabe que los caladeros del voto de Vox son las zonas residenciales de clase alta urbana de Madrid, las dos Castillas y Andalucía, y los barrios marginales y periféricos de las grandes urbes, así como algunas regiones agrícolas con cultivos necesitados de mano de obra barata (e inmigrante), como Murcia o Huelva. Desactivar esta coalición es otro de los retos que tiene el nuevo gobierno. Y no parece fácil.

  • 1.Alfons Aragoneses escribió que «la locución (régimen del 78) se utiliza para señalar los grandes problemas de nuestra democracia: negación de la plurinacionalidad, connivencia entre poderes económicos y políticos, debilidad de los derechos sociales y gestos autoritarios de algunos agentes políticos y jurídicos». A. Aragoneses: «¿Debemos defender el espíritu del 78?» en El Món de Demà, 19/11/2018.
  • 2.Macià Serra, G. Ubasart-González y S. Martí i Puig: «Cataluña y la triple crisis española» en Nueva Sociedad Nº 273, 1-2/2018, disponible en <www.nuso.org>.
  • 3.Robert Fishman: Democratic Practice: Origins of the Iberian Divide in Political Inclusion, Oxford UP, Nueva York, 2019.
  • 4.S. Martí i Puig: «Pienso, luego estorbo. España: crisis e indignación» en Nueva Sociedad No 236, 11-12/2011,
    disponible en <www.nuso.org>.
  • 5.G. Ubasart-González y S. Martí i Puig: Política i govern a Catalunya. De la transició a actualitat, Libros de la Catarata, Madrid, 2018.
  • 6.G. Ubasart-González: «Activismo judicial» en El Diario, 24/12/2019.
  • 7.Paola Lo Cascio: «El Procés i el final d’un cicle polític» en L’Espill Nº 51, 2015-2016.
  • 8.P. Iglesias: Disputar la democracia. Política para tiempos de crisis, Akal, Madrid, 2015.
  • 9.Juan Rodríguez-Teruel y Astrid Barrio: «Going National: Ciudadanos from Catalonia to Spain, South European Society and Politics» en South European Society and Politics vol. 21 Nº 4, 2016.
  • 10.Ignacio Sánchez-Cuenca: «El nacionalismo domina la política española» en Contexto, 1/5/2019.
  • 11.Carles Ferreria: «Vox como representante de la derecha radical en España: un estudio sobre su ideología» en Revista Española de Ciencia Política No 51, 11/2019.
gemmaubasart
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