El Diario (21/04/2020)

En el cambio de milenio, a modo de piezas de dominó, cada vez más países de América Latina pasaron a ser gobernados por proyectos progresistas. O, mejor dicho, por propuestas populares, a favor del pueblo (como así se autodenominaban). Con una gran heterogeneidad entre ellas (se radicaban en países con características diversas y los impulsaban actores a veces con pocas cosas en común), compartían la voluntad de trabajar para el retorno del Estado (o en algunos casos, la simple construcción de Estado). Recuperar recursos para servicios públicos, transferencias e infraestructuras, y a la vez fortalecer instrumentos de gobierno y de planificación de políticas públicas. El Consenso de Washington había empujado a los países de la región en los noventa (la larga noche neoliberal) a una contracción de la institucionalidad pública. Fueron años duros en que la desigualdad (en el continente más desigual del planeta), la destrucción de los tejidos productivos y de clases medias, la pobreza y la indigencia asumieron cotas dramáticas.

En los momentos de máximo esplandor de algunas de aquellas propuestas (por ejemplo, la victoria electoral de Rafael Correa con un 60% en 2013 que premiaba los buenos rendimientos de sus actuaciones públicas) los países del sur de Europa estaban probando ya la medicina de la austeridad. No se había aprendido nada de lo que había pasado en el continente hermano. Se rescataban bancos pero se dejaban caer, a su suerte, importantes sectores sociales y también parte del tejido empresarial local. La vieja receta thatcheriana aplicada a rajatabla: reducción de la intervención del Estado en la economía, desregulación del mercado laboral y disminución de la prestación de servicios públicos de sanidad, educación y protección social. Las instituciones comunitarias y los principales estados de la UE presentaron esta como la única vía de actuación. Europa profundizaba en su descohesión interna: entre países y entre clases sociales.

Hoy a Latinoamérica, a modo de péndulo, le vuelven a sangrar las venas abiertas. La lucha numantina de algunas alianzas sociopolíticas nacionales por salir de la histórica posición de subalternidad en la que les había situado el colonialismo y el cortoplacismo egoísta de las élites locales no pudo concluirse. Hubo coyunturas y razones internas. Pero además faltó tiempo y recursos para consolidar una apuesta regional. Una coordinación con peso económico y demográfico que pudiera presionar por otro reparto geopolítico. Una integración latinoamericana para poder profundizar en la transformación económica y social interna. Tampoco se consiguió gestar un gran pacto entre sectores económicos, políticos y sociales para hacer un salto de escala, para caminar hacia un futuro próspero común.

La crisis de la COVID-19 nos sitúa frente a enormes retos: las respuestas no pueden ser más de lo mismo (o repetir los errores de 2008). Parece que en nuestros países ya es un sentir hegemónico la necesidad de un retorno de lo público, de lo común. Frente a los retos en mayúsculas, el neoliberalismo languidece. Es la sanidad pública la que cuida de nuestros enfermos, son las inyecciones de dinero público las que van a salvar a ciudadanos y empresas posibilitando que no se pare la maquinaria económica y productiva, es la alianza público-privada la que garantiza producción para el bien común (vacunas, respiradores, test, mascarillas, etc.). Resuena al norteamericano New Deal de Roosevelt. Resuena al constitucionalismo social de la Europa de después de la II guerra mundial. Ahora bien, necesitamos tomar nota también de lecciones contemporáneas. Eso es, en un mundo globalizado e incierto, toca dar la batalla por Europa. Es necesaria la construcción de una integración regional basada en derechos civiles, políticos y sociales con peso a nivel internacional. Y se requiere de la implicación y compromiso de actores e intereses diversos: trabajadores, empresarios, ecologistas, campesinos, jóvenes, jubilados, etc. Por responsabilidad y/o interés.

Ahora bien, defender Estado no puede limitarse a reproducir lo construido tras el crack del 29 y la II Guerra mundial. Defender Estado hoy es defender una pluralidad de la institucionalidad pública, eso es, una gobernanza multinivel. Defender Estado es también impulsar lo común, lo público no estatal: lo institucional y lo comunitario retroalimentándose. Defender Estado es plantear unas administraciones públicas que no caigan en el paternalismo ni la rigidez, abiertas a la participación ciudadana y con vocación de la proximidad. Defender Estado es comprender los retos ecológicos, sociales y culturales de nuestro mundo complejo. Defender Estado, en definitiva, para darnos una forma de gobierno y de acción social que nos cuide y cuide al planeta en pleno siglo XXI.

gemmaubasart
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