El Mundo (8/04/2019)

EL PASADO mes de febrero se presentaba a la opinión pública una ILP por la rebaja de las tasas universitarias. Se trata de una reivindicación histórica del movimiento estudiantil, que también recibe el apoyo de los sindicatos y la Associació Catalana d’Universitats Públiques. Hagamos un poco de historia. En 2012 el Govern dels millors aprobó la subida de precios públicos universitarios más alta de la historia (un 66%). Cataluña se convirtió en la comunidad autónoma con mayores tasas del Estado. Varios expertos señalan que desde entonces la universidad ha expulsado (o repelido) un número importante de estudiantes. Vera Sacristán demuestra en El Periódico que el ingreso de alumnos ha caído 5 puntos porcentuales respecto a la población de 18 años. También explica que Cataluña ha pasado de ser la quinta a la novena comunidad autónoma en proporción de universitarios.

Contra todo pronóstico, la campaña ha generado importante debate social. Exponentes del centro-derecha catalán se han apresurado a atacar la iniciativa, que espera recoger 50.000 firmas antes de junio. Germà Bel, Andreu Mas-Colell o Miquel Puig salieron en tromba a afirmar que se trata de una medida regresiva y que lo que hacen sus impulsores es profundizar en las desigualdades sociales. Parten de la constatación (cierta) de que las clases populares están infrarrepresentadas en nuestro sistema universitario, para petrificarla como una realidad dada por descontado. Frente a esta constatación, hay dos opciones: trabajar para transformarla o aceptarla como algo natural e inamovible.

Decía Germà Bel en el Ara: «Es importante tener en cuenta que, a diferencia de los países del norte y centro de Europa, en Cataluña la universidad tiene un sesgo muy favorable a las rentas altas». Precisamente. Estos países han luchado para reducir la barrera de entrada al sistema y fomentar movilidad social e igualdad. Dos han sido las medidas: gratuidad (ya en 11 países de la UE) o casi-gratuidad del acceso a la educación superior como primer peldaño; y subvenciones que compensen el costo de oportunidad (becas salario o ayudas de vivienda) y ayuden a revertir condiciones familiares desfavorables como segundo peldaño.

Resulta cuando menos curioso que intelectuales defensores del actual modelo fiscal español y catalán, muy lejos en carga impositiva y progresividad de la media europea, se preocupen ahora por la redistribución. Les hago una propuesta. Imitemos a los regímenes de bienestar nórdicos que se fundamentan en potentes impuestos directos y progresivos, junto con la prestación de servicios de calidad, universales y desfamiliarizados, que generan sociedades más igualitarias. También existe ya mucha evidencia empírica que concluye que priorizar la imposición directa a la indirecta genera más eficiencia y justicia social.

Pero es que además poner en el centro las tasas introduce una lógica perversa al sistema. Se legitima la idea de que los servicios públicos deben de ser sostenidos solamente por quien los usa. Que, por ejemplo, los ricos se pueden retirar de su mantenimiento. La consolidación de esta mirada puede llevar a la degradación de los derechos sociales. Se abre la puerta a articular una doble red de servicios: la de los que tienen dinero y pueden recurrir al mercado (sin hacerse cargo de los servicios públicos vía impositiva) y la de los que no lo tienen (con unos servicios públicos devaluados).

Resulta también curioso que una partida minúscula del conjunto del gasto público (se estima que la gratuidad de la educación de grado supondría un 0,1% de su total) provoque tantas pasiones. Quizás, y solo quizás, detrás de tanto dato lo que hay es una cuestión de clase.

gemmaubasart
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