El Mundo (9/11/2018)

EL PODER judicial no vive sus mejores momentos en nuestro país. El culebrón protagonizado por el Tribunal Supremo sobre quién debe pagar el impuesto a las hipotecas ha dejado tocada la reputación de la alta magistratura. Ningún partido político, organización judicial o de consumidores ha salido a la defensa de las actuaciones de su presidente, Carlos Lesmes. Al contrario, son muchos los que han pedido su dimisión. Sin precedentes, en menos de 24 horas, se tumbó una sentencia firme emitida por la sala que cuenta con los juristas de mayor prestigio en cuestiones tributarias. Y, si eso fuera poco, quedó en suspense la decisión durante dos largas semanas. Para finalmente volver a la situación de inicio: quien se hace cargo del pago es el cliente. «La banca siempre gana» ha sido una frase muy repetida estos días. Además, el mismo día llegaba desde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo una sentencia en la que se reconocía que Arnaldo Otegi y los otros acusados en el caso Bateragune no habían tenido un juicio justo en la Audiencia Nacional.

Nos lo han puesto difícil para seguir argumentando el funcionamiento independiente, autónomo y «ciego» del poder judicial. Aunque me atrevería a decir que, y aunque suene paradójico, uno de los mayores problemas que tiene este a día de hoy es también su autismo en relación a las mayorías ciudadanas y sociales. A la cúpula judicial, aunque no solo, le cuesta entender un nuevo mundo globalizado, complejo y cambiante; una vida pública plural y alargada; una cultura política más participativa y a la vez más desconfiada. Y no nos estamos refiriendo solamente al caso de las hipotecas. Podríamos citar, por ejemplo, la sentencia de la Manada o la deriva revanchista que está tomando el proceso sobre el contencioso catalán. Muchos jueces y juezas (y demás operadores del sistema) desarrollan con calidad y compromiso profesional su trabajo. Pero este reconocimiento debe de ser compatible con la posibilidad de identificar disfunciones que sufre el poder judicial y plantear ciertas reformas. En los años ochenta se operaron importantes transformaciones en clave democratizadora en el ejército y en parte importante del aparato policial. Pero pocas llegaron al poder judicial; los cambios más importantes solo tuvieron que ver con razones vitalicias.

Podría ser ahora el momento de replantear los mecanismos de selección y de formación de jueces y fiscales. No es la única medida que puede tomarse pero sí importante. Una primera reflexión. Los expertos en sociología del derecho llevan años arrojando datos sobre quiénes son y cuál es el origen de los operadores del sistema judicial. Mientras que la clase política tiende a parecerse cada vez más a la sociedad que dice representar, no sucede así con jueces y fiscales: de clases más altas, con tendencias más conservadoras y muy mesetarios de procedencia. Cambiar esta composición tendría que ser un objetivo, sobre todo cuando las aulas de Derecho en las universidades españolas son ya muy diversas.

Una segunda reflexión. Las oposiciones memorísticas decimonónicas dejan poco margen para una formación multidisciplinar y en ciencias sociales. Obligamos a los futuros jueces y fiscales a estar años encerrados entre cuatro paredes aprendiéndose, comas incluidas, leyes que ya conocen abastamente. En muchos países europeos hace años que se prioriza que, aquellos a los que les conferimos la potestad de ejecutar el poder punitivo, conozcan muy bien la sociedad y las personas a las que juzgan. Porque la desconexión autista puede infringir una herida letal en uno de los pilares fundamentales de nuestra democracia.

gemmaubasart
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