Elecciones y presos

El Mundo (6/12/2017)

AUNQUE EL llamado procés ya llevaba un tramo caminado, las elecciones catalanas de 2015 introducen dos elementos nuevos que transforman el escenario político: el carácter plebiscitario consolidando dos bloques en el eje nacional y la adopción de la consigna del «tenim pressa». A partir de una mayoría absoluta de escaños en la Cámara legislativa (no en votos) se justifica la adopción de una vía unilateral para transitar hacia la independencia, unilateralidad que no solo lo es con España sino con una importante parte de la sociedad catalana.

Si bien hasta este verano la disputa se había limitado básicamente al relato, a partir de la celebración del pleno del legislativo catalán los días 6 y 7 de septiembre abundaron los hechos: promulgación de leyes y decretos pero también actuaciones del TC, fiscalía y policía. La vida política entra en un torbellino de aceleración. La consulta del 1-O fue una demostración de fuerza del soberanismo (maximizando su impacto internacional por la actuación policial), aunque la huida hacia delante de Puigdemont guiado por la intención de proclamar la independencia reduce sus apoyos internos y externos. Dicho esto, el momento máximo de clímax del conflicto se produce el 27 de octubre cuando el Parlament vota una declaración de independencia y el Senado da luz verde para la activación del artículo 155 de coerción federal.

Tanto DUI como 155 compartían un problema de aplicación material. En este sentido, el presidente español anuncia un 155 light y express: la disolución del legislativo, la destitución del Gobierno y la convocatoria de elecciones en tres meses. Seguramente ha sido una de las decisiones más políticas (en el sentido mayúsculo del término) que ha adoptado Rajoy en relación a la crisis catalana. En menos de 48 horas los partidos confirman su participación en la cita electoral (la CUP un poco más). Parecía pues que el retorno a la legalidad que pedía Europa se transitaba implícitamente a través de las urnas.

El presidente catalán tuvo la oportunidad de convocar él las elecciones. De hecho estuvo a punto de hacerlo gracias a la mediación de Urkullu, pero la presión del ala más dura del independentismo y, sobre todo, la actitud de sus aliados de gobierno hicieron que se desdijera. La calma después de la tempestad dejaba un escenario complejo para las fuerzas independentistas: se iban a medir en unos comicios en un momento de cierta desorientación (autocríticas, deserciones, frustraciones por no desplegar la república, etc.). Por contra, la defensa del statu quo mostraba una fuerza importante en las manifestaciones del 8 y 29 de octubre convocadas por Societat Civil Catalana, hecho que podía traducirse en un crecimiento del voto del no respecto al 27-S, a pesar de la gran participación que hubo en aquella cita.

Ahora bien, el panorama muta rápidamente. La jueza de la AN Carmen Lamela cita a declarar a todos los miembros del Govern por rebelión, sedición y malversación, tal como pedía fiscalía. Ocho consellers terminan en prisión preventiva, decisión que parte importante de juristas valora como desproporcionada. No ayuda a desescalar el conflicto. Además, vuelve a movilizar al votante de JxSí y la CUP a la vez que compacta el bloque independentista cerrando filas en un único relato: el antirrepresivo. El pasado lunes, el juez del TS Pablo Llarena decide mantener en prisión provisional a Junqueras, Forn y los Jordis. Con esta decisión, el nivel de excepcionalidad de estas elecciones no se reduce. Y parece realista pensar que este hecho va a tener repercusiones para el 21-D: en campaña pero también en el relato y los votos con los que se llegue a la cita electoral.

 

gemmaubasart
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